Los promotores de la cartográfica llegaron a Asturias por mediación del director del IDEPA
La matriz de la compañía de La Güeria, Huso 29, ha cesado su actividad en Extremadura y deja a un centenar de trabajadores en la calle
Langreo, L. M. D.
Víctor González Marroquín. juan plaza
El principal promotor de la empresa Venturo XXI, el empresario extremeño Manuel Coronado Piñana, llegó a Asturias de la mano del director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), Víctor González Marroquín, que también ocupa la presidencia de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), que tiene el 21% del capital de Venturo XXI.
Según declaró Manuel Coronado en julio de 2005, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, la idea de venir a Asturias surgió porque mantenía contacto con Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, dependiente de Hunosa) a través de su empresa Huso 29. En Sadim «conocí a Víctor González Marroquín y a Audilio González (ex responsable de Sadim), con quien entablamos una buena amistad. Así pensamos en la posibilidad de instalarnos en Asturias. Cuando Marroquín tomó las riendas del IDEPA, surgió el interés del Principado por entrar en el proyecto y aportar ayudas para completar la inversión». En esta entrevista, Coronado, presidente de Venturo XXI y que actualmente, según los trabajadores, «está desaparecido», llegó a afirmar que la empresa estaba capacitada para «liderar el mercado europeo» de la cartografía en el plazo de un solo año por su «ventaja tecnológica».
Desgraciadamente, las predicciones de Coronado no han sido buenas, y la empresa se encuentra en concurso de acreedores. Huso 29, la empresa matriz de Venturo XXI con la que entabló relaciones con los responsables económicos del Principado, también ha cesado su actividad en Mérida, donde contaba con un centenar de trabajadores, según representantes sindicales en Extremadura. El caso de Huso 29 guarda ciertas similitudes con el de Venturo XXI porque su principal cliente eran las administraciones públicas. La compañía se dedicaba a realizar trabajos cartográficos, restauraciones ambientales y obra civil. Según los sindicatos, «un día dijeron a los trabajadores que dejaran de ir a su puesto porque no tenían actividad, sin dar más explicaciones. En dos semanas desmantelaron las oficinas», explicaron fuentes sindicales.
Víctor González Marroquín. juan plaza
El principal promotor de la empresa Venturo XXI, el empresario extremeño Manuel Coronado Piñana, llegó a Asturias de la mano del director del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), Víctor González Marroquín, que también ocupa la presidencia de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), que tiene el 21% del capital de Venturo XXI.
Según declaró Manuel Coronado en julio de 2005, en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, la idea de venir a Asturias surgió porque mantenía contacto con Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera, dependiente de Hunosa) a través de su empresa Huso 29. En Sadim «conocí a Víctor González Marroquín y a Audilio González (ex responsable de Sadim), con quien entablamos una buena amistad. Así pensamos en la posibilidad de instalarnos en Asturias. Cuando Marroquín tomó las riendas del IDEPA, surgió el interés del Principado por entrar en el proyecto y aportar ayudas para completar la inversión». En esta entrevista, Coronado, presidente de Venturo XXI y que actualmente, según los trabajadores, «está desaparecido», llegó a afirmar que la empresa estaba capacitada para «liderar el mercado europeo» de la cartografía en el plazo de un solo año por su «ventaja tecnológica».
Desgraciadamente, las predicciones de Coronado no han sido buenas, y la empresa se encuentra en concurso de acreedores. Huso 29, la empresa matriz de Venturo XXI con la que entabló relaciones con los responsables económicos del Principado, también ha cesado su actividad en Mérida, donde contaba con un centenar de trabajadores, según representantes sindicales en Extremadura. El caso de Huso 29 guarda ciertas similitudes con el de Venturo XXI porque su principal cliente eran las administraciones públicas. La compañía se dedicaba a realizar trabajos cartográficos, restauraciones ambientales y obra civil. Según los sindicatos, «un día dijeron a los trabajadores que dejaran de ir a su puesto porque no tenían actividad, sin dar más explicaciones. En dos semanas desmantelaron las oficinas», explicaron fuentes sindicales.
IU-BA exige a Industria que explique porqué «no se intervino» en la compañía
Sotrondio
El grupo municipal de IU-BA en el Ayuntamiento de San Martín reclamó ayer al consejero de Industria, Graciano Torre, que dé «explicaciones» sobre la situación que atraviesa Venturo XXI, «que ha pasado de ser el paradigma de la reactivación a estar en concurso de acreedores en menos de cinco años».
Desde IU-BA -que es socio de los socialistas en el Gobierno regional-, su concejal, Manuel Benayas, exigió a Industria, de la que depende en su mayor parte la SRP (Sociedad Regional de Promoción), que «explique» algunas de las decisiones tomadas en la empresa, una compañía que recibió «grandes ayudas» y «con una participación pública del 49%». Benayas recordó además que la mayor parte de los contratos ganados por Venturo XXI «eran del sector público». Por estos motivos «no entendemos que por parte de la Administración no se haya intervenido con antelación», ya que asistió «a la descapitalización salvaje de la empresa» sin que «se haya hecho absolutamente nada».
Según la coalición, la situación representa «el fracaso de las ayudas a proyectos empresariales y el triunfo de los especuladores, de los que acuden al calor de los fondos mineros como abejas a la miel sin otro objetivo que el de hacer caja».
El grupo municipal de IU-BA en el Ayuntamiento de San Martín reclamó ayer al consejero de Industria, Graciano Torre, que dé «explicaciones» sobre la situación que atraviesa Venturo XXI, «que ha pasado de ser el paradigma de la reactivación a estar en concurso de acreedores en menos de cinco años».
Desde IU-BA -que es socio de los socialistas en el Gobierno regional-, su concejal, Manuel Benayas, exigió a Industria, de la que depende en su mayor parte la SRP (Sociedad Regional de Promoción), que «explique» algunas de las decisiones tomadas en la empresa, una compañía que recibió «grandes ayudas» y «con una participación pública del 49%». Benayas recordó además que la mayor parte de los contratos ganados por Venturo XXI «eran del sector público». Por estos motivos «no entendemos que por parte de la Administración no se haya intervenido con antelación», ya que asistió «a la descapitalización salvaje de la empresa» sin que «se haya hecho absolutamente nada».
Según la coalición, la situación representa «el fracaso de las ayudas a proyectos empresariales y el triunfo de los especuladores, de los que acuden al calor de los fondos mineros como abejas a la miel sin otro objetivo que el de hacer caja».
http://www.lne.es/nalon/2010/04/28/iu-ba-exige-industria-explique-intervino-compania/907187.html
El PP denunció al Juzgado la operación que facilitó la compra del edificio de Venturo XXI
El recurso considera de «dudosa legalidad» y «abusiva» la venta de la nave por 360.000 euros, cuando fue reparada con 1,8 millones de fondos mineros
Las instalaciones de Venturo XXI en el valle de La Güeria.
Venturo (San Martín del Rey Aurelio), L. M. D.
El Partido Popular (PP) de San Martín del Rey Aurelio presentó un recurso contencioso administrativo contra la operación que facilitó a Venturo XXI la compra de su sede y las ayudas para rehabilitarla por considerarla «de dudosa legalidad» y «abusiva». La operación fue autorizada en el Pleno municipal del 29 de noviembre de 2007, cuando se aprobó el plan parcial del pozo Venturo. En este documento se incluían varios puntos, entre ellos la posible venta del edificio del antiguo pozo y de su aparcamiento a la compañía Venturo XXI (que en 2008 se confirmó), así como la venta de terrenos y de maquinaria al Ayuntamiento de San Martín. Los populares estudiarán añadir a su denuncia judicial «las últimas novedades en este caso» para tratar de invalidar el acuerdo plenario, lo que anularía la venta del inmueble del pozo Venturo a la firma cartográfica, ahora en concurso de acreedores, y que podría dejar en la calle a 73 trabajadores. El coste de adecuación de este inmueble, realizada con 1,8 millones de fondos públicos, fue muy superior al precio por el que acabó formalizándose la venta por Hunosa: 360.000 euros más IVA, 382.500 euros en total. La demanda aún no se ha resuelto.
El Partido Popular (PP) de San Martín del Rey Aurelio presentó un recurso contencioso administrativo contra la operación que facilitó a Venturo XXI la compra de su sede y las ayudas para rehabilitarla por considerarla «de dudosa legalidad» y «abusiva». La operación fue autorizada en el Pleno municipal del 29 de noviembre de 2007, cuando se aprobó el plan parcial del pozo Venturo. En este documento se incluían varios puntos, entre ellos la posible venta del edificio del antiguo pozo y de su aparcamiento a la compañía Venturo XXI (que en 2008 se confirmó), así como la venta de terrenos y de maquinaria al Ayuntamiento de San Martín. Los populares estudiarán añadir a su denuncia judicial «las últimas novedades en este caso» para tratar de invalidar el acuerdo plenario, lo que anularía la venta del inmueble del pozo Venturo a la firma cartográfica, ahora en concurso de acreedores, y que podría dejar en la calle a 73 trabajadores. El coste de adecuación de este inmueble, realizada con 1,8 millones de fondos públicos, fue muy superior al precio por el que acabó formalizándose la venta por Hunosa: 360.000 euros más IVA, 382.500 euros en total. La demanda aún no se ha resuelto.
Desde el PP se presentó el recurso contencioso administrativo porque «este plan estaba repleto de irregularidades». En 2005, Venturo XXI, respaldada por Sadim -el órgano diversificador de Hunosa-, la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Sodeco mostró su firme intención de instalarse en las Cuencas. Se decidió que el lugar más adecuado para esta empresa podrían ser las antiguas instalaciones del pozo Venturo, en el valle de La Güeria (El Entrego), en el que estaba previsto desarrollar un área industrial con 1,8 millones de fondos mineros. Debido a la larga tramitación que debe llevarse a cabo para disponer de los fondos, y para no dejar que la posibilidad de que Venturo XXI se alejase de Asturias, Hunosa comenzó a remodelar en noviembre de 2005 los accesos al pozo, el edificio principal y el aparcamiento de las instalaciones. En julio de 2006, la compañía arrancaba su actividad en La Güeria de Carrocera prometiendo «nuevas inversiones» para las Cuencas.
En mayo de 2007, y tal como llegó a reconocer el alcalde de San Martín, Ignacio Fernández, el Ayuntamiento aprobó la compra de los terrenos adyacentes al pozo, así como sus jardines y patrimonio industrial por valor de unos dos millones de euros, a modo de «compensación» por la inversión previa realizada por Hunosa. Dentro de este plan se especificaba que 1.036.000 euros de destinaban a la compra de instalaciones y maquinaria declarada de interés industrial (el castillete y varias máquinas de tren); 401.000 euros por los árboles y los jardines del pozo y 620.000 euros por los terrenos adyacentes. En total, más de 2 millones. Dentro del plan también se recogía la posibilidad de que Venturo XXI, que utilizaba el inmueble en régimen de alquiler, lo comprase, con una opción valorada en 360.000 euros más IVA. La oposición municipal, PP e IU-BA, consideró «abusivo» y «de difícil encaje legal» este convenio, y acusaron a Hunosa de «hacer caja». Finalmente, sólo los populares llegaron al Juzgado.
El portavoz municipal del PP de San Martín, Fernando Carrio, señaló: «Llevamos el acuerdo a la vía judicial porque creíamos que era dudosamente legal». Según el documento, «una empresa privada podía quedarse con un edificio rehabilitado con fondos públicos por un montante muy inferior al dinero que había costado». Además, en la «compensación a Hunosa», según Carrio, el alcalde de San Martín «quiso comprar a la hullera los terrenos sin que la decisión pasara por el Pleno».
Los más afectados por la situación, los 73 trabajadores de la compañía, preparan para mañana una marcha a pie desde La Felguera hasta la Junta General. La plantilla quiere explicar su situación y pedir el apoyo de los grupos políticos.
En mayo de 2007, y tal como llegó a reconocer el alcalde de San Martín, Ignacio Fernández, el Ayuntamiento aprobó la compra de los terrenos adyacentes al pozo, así como sus jardines y patrimonio industrial por valor de unos dos millones de euros, a modo de «compensación» por la inversión previa realizada por Hunosa. Dentro de este plan se especificaba que 1.036.000 euros de destinaban a la compra de instalaciones y maquinaria declarada de interés industrial (el castillete y varias máquinas de tren); 401.000 euros por los árboles y los jardines del pozo y 620.000 euros por los terrenos adyacentes. En total, más de 2 millones. Dentro del plan también se recogía la posibilidad de que Venturo XXI, que utilizaba el inmueble en régimen de alquiler, lo comprase, con una opción valorada en 360.000 euros más IVA. La oposición municipal, PP e IU-BA, consideró «abusivo» y «de difícil encaje legal» este convenio, y acusaron a Hunosa de «hacer caja». Finalmente, sólo los populares llegaron al Juzgado.
El portavoz municipal del PP de San Martín, Fernando Carrio, señaló: «Llevamos el acuerdo a la vía judicial porque creíamos que era dudosamente legal». Según el documento, «una empresa privada podía quedarse con un edificio rehabilitado con fondos públicos por un montante muy inferior al dinero que había costado». Además, en la «compensación a Hunosa», según Carrio, el alcalde de San Martín «quiso comprar a la hullera los terrenos sin que la decisión pasara por el Pleno».
Los más afectados por la situación, los 73 trabajadores de la compañía, preparan para mañana una marcha a pie desde La Felguera hasta la Junta General. La plantilla quiere explicar su situación y pedir el apoyo de los grupos políticos.
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