El comité de empresa de Vesuvius, la fábrica de material refractario de Langreo, está dispuesto a negociar cualquier solución, «incluso bajas incentivadas», para mantener la actividad, pero no aceptará la propuesta de la dirección de despedir a 50 trabajadores. Esta es la postura que mantienen los representantes de los empleados ante la reunión que mantendrán la próxima semana, presumiblemente el lunes, con los responsables de la multinacional angloamericana con sede en Bruselas.
La plantilla, acompañada por familiares, amigos y vecinos de Riaño, realizó ayer una marcha de protesta desde la sede de la empresa en Langreo hasta el Ayuntamiento.
Cerca de dos centenares de personas participaron en la caminata a pie en la que se exigía a la multinacional «un futuro para Vesuvius» y, ya en el Consistorio langreano, fueron recibidos por la primera teniente de alcalde, María Fernández, y por los portavoces municipales de los diferentes grupos políticos, que les volvieron a ratificar su total apoyo.
Los trabajadores temen que, si aceptan algún despido, la dirección comience a «maquillar las cuentas» y continúe con más despidos hasta cerrar la factoría langreana. Así, la principal prioridad de los representantes de los trabajadores de Vesuvius es que «la empresa presente un plan de futuro para la fábrica por escrito», según explicó ayer el presidente del comité de empresa, Juan Manuel Suárez Baragaño.
Las previsiones de los trabajadores son que los representantes legales de la empresa se reúnan este lunes con ellos, si bien no se ha confirmado la fecha, y que les presenten sus expectativas para la fábrica.
Mientras esperan por este documento, que, según sus informaciones, «están elaborando en Bruselas», la refractaria langreana continúa recibiendo pedidos y «entregándolos en la fecha prevista», según confirman los trabajadores. Incluso la dirección podría plantearse eliminar a algunos empleados semanas de regulación (la mitad de la plantilla está en situación de ERE) para atender todos los pedidos que llegan.
No al cierre
La multinacional Vesuvius, acatando las decisiones del grupo Cookson Group al que pertenece, anunció a sus trabajadores el pasado mes de mayo su intención de interrumpir la producción durante dos años y de reabrirla cuando el mercado del acero saliese de la crisis. La decisión no fue compartida en ningún momento por sus trabajadores, que comenzaron a movilizarse, pero tampoco por la clase política asturiana ni por el Principado, que confirmó que la empresa obtiene beneficios.
Pero, a pesar de los múltiples apoyos cosechados por la plantilla de Vesuvius, el comité de empresa no es optimista. «Tenemos que ver por escrito sus intenciones para ver qué podemos hacer», apostilló Baragaño.
Y es que los planes de la multinacional no han estado claros desde el primer anuncio, a finales de mayo. Así, se habló en primer lugar de cerrar la planta durante dos años y después recolocar a la plantilla para cambiar a un planteamiento de un cierre total de la factoría. Finalmente, en la última reunión, la empresa dejó entrever la posibilidad de dar continuidad a la factoría a cambio de realizar despidos y después planteó recolocaciones. Todo sujeto a la evolución del mercado del acero.
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