La crisis de un emblema de la diversificación en las Cuencas
Venturo XXI logró una hipoteca de 600.000 euros para comprar su sede por 382.500
- La compañía cerró el año 2008, cuando adquirió el inmueble, con unas pérdidas de 1,78 millones
- Hunosa y el Principado rehusan explicar la operación de venta de las instalaciones
La asamblea de trabajadores de Venturo XXI, en la que decidieron prolongar las movilizaciones para reivindicar la viabilidad de la empresa. fernando geijo
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El Entrego, L. M. D.
La empresa cartográfica Venturo XXI logró un crédito hipotecario de 600.000 euros para adquirir su sede a la compañía estatal Hunosa por 360.000 euros más IVA (382.500). La hipoteca cubrió el 156,8% de la operación. El ventajoso trámite se realizó en 2008, año en el que la compañía arrojó unas pérdidas de 1,78 millones de euros. El inmueble del antiguo pozo Venturo había sido tasado previamente en 3,5 millones de euros, por lo que lo que la compañía, según señalaron fuentes cercanas a la operación, incluso trató de obtener un crédito superior a los 600.000 euros. Ahora, Venturo XXI se encuentra concurso de acreedores, y 73 trabajadores podrían perder su empleo.
Tal y como precisaron fuentes al corriente de la operación, la compañía cartográfica dirigida por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado Piñana habían apalabrado antes de implantarse en el pozo Venturo una opción de compra de las antiguas instalaciones mineras por valor de 360.000 euros más IVA. Este documento no pudo hacerse efectivo «por problemas administrativos» hasta marzo de 2007, nueve meses después de la llegada de Venturo XXI al valle de La Güeria, El Entrego. En verano de 2008, la firma encargó la tasación del inmueble y del aparcamiento. El informe arrojó un valor de 3,5 millones de euros. La opción de compra de 382.500 euros se hizo efectiva ese mismo otoño, tras conseguir un crédito hipotecario de 600.000 euros, 217.500 superior al precio de compra de las instalaciones.
El acondicionamiento del pozo Venturo se había llevado a cabo anteriormente gracias a una partida de 1,8 millones de euros de los fondos mineros para la creación de suelo industrial. Ni Hunosa, propietaria de los inmuebles, que se ha limitado a afirmar que en el concurso de acreedores «defenderá» su patrimonio, ni la Consejería de Industria del Principado, que remite a la empresa minera, han explicado porqué se cerró una opción de compra del inmueble inferior al valor de su rehabilitación. Venturo XXI está formada en un 51% por RTK Topografía (los hermanos Coronado), y en un 49% por la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (Sadim, sociedad de diversificación de Hunosa), la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Sodeco, sociedad de capital riesgo participada por el Principado
Sólo un mes después de que se concretase la adquisición de la sede y de su aparcamiento, Venturo XXI comenzó los trámites necesarios para realizar un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal, inicialmente previsto para 43 trabajadores y que tras las negociaciones con el comité de empresa acabó afectando a 33 empleados, que permanecieron cuatro meses en paro.
El crédito hipotecario que pesa sobre las instalaciones impide que la venta del inmueble sirva para reducir deuda con los trabajadores, la Seguridad Social y los principales acreedores de la compañía, entre los que se encuentran varias empresas del sector cartográfico cuyo futuro depende en buena parte del cobro de estas deudas. La sede de Venturo XXI pasaría a ser propiedad de la entidad financiera que acordó el crédito, que según apuntaron varias fuentes fue el Banco Popular.
La empresa cartográfica Venturo XXI logró un crédito hipotecario de 600.000 euros para adquirir su sede a la compañía estatal Hunosa por 360.000 euros más IVA (382.500). La hipoteca cubrió el 156,8% de la operación. El ventajoso trámite se realizó en 2008, año en el que la compañía arrojó unas pérdidas de 1,78 millones de euros. El inmueble del antiguo pozo Venturo había sido tasado previamente en 3,5 millones de euros, por lo que lo que la compañía, según señalaron fuentes cercanas a la operación, incluso trató de obtener un crédito superior a los 600.000 euros. Ahora, Venturo XXI se encuentra concurso de acreedores, y 73 trabajadores podrían perder su empleo.
Tal y como precisaron fuentes al corriente de la operación, la compañía cartográfica dirigida por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado Piñana habían apalabrado antes de implantarse en el pozo Venturo una opción de compra de las antiguas instalaciones mineras por valor de 360.000 euros más IVA. Este documento no pudo hacerse efectivo «por problemas administrativos» hasta marzo de 2007, nueve meses después de la llegada de Venturo XXI al valle de La Güeria, El Entrego. En verano de 2008, la firma encargó la tasación del inmueble y del aparcamiento. El informe arrojó un valor de 3,5 millones de euros. La opción de compra de 382.500 euros se hizo efectiva ese mismo otoño, tras conseguir un crédito hipotecario de 600.000 euros, 217.500 superior al precio de compra de las instalaciones.
El acondicionamiento del pozo Venturo se había llevado a cabo anteriormente gracias a una partida de 1,8 millones de euros de los fondos mineros para la creación de suelo industrial. Ni Hunosa, propietaria de los inmuebles, que se ha limitado a afirmar que en el concurso de acreedores «defenderá» su patrimonio, ni la Consejería de Industria del Principado, que remite a la empresa minera, han explicado porqué se cerró una opción de compra del inmueble inferior al valor de su rehabilitación. Venturo XXI está formada en un 51% por RTK Topografía (los hermanos Coronado), y en un 49% por la Sociedad Asturiana de Diversificación Minera (Sadim, sociedad de diversificación de Hunosa), la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y Sodeco, sociedad de capital riesgo participada por el Principado
Sólo un mes después de que se concretase la adquisición de la sede y de su aparcamiento, Venturo XXI comenzó los trámites necesarios para realizar un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal, inicialmente previsto para 43 trabajadores y que tras las negociaciones con el comité de empresa acabó afectando a 33 empleados, que permanecieron cuatro meses en paro.
El crédito hipotecario que pesa sobre las instalaciones impide que la venta del inmueble sirva para reducir deuda con los trabajadores, la Seguridad Social y los principales acreedores de la compañía, entre los que se encuentran varias empresas del sector cartográfico cuyo futuro depende en buena parte del cobro de estas deudas. La sede de Venturo XXI pasaría a ser propiedad de la entidad financiera que acordó el crédito, que según apuntaron varias fuentes fue el Banco Popular.
Los promotores de la empresa fundaron otra firma cartográfica en Málaga en diciembre, cuando se gestaba el concurso de acreedores
El Entrego
Los promotores de Venturo XXI, los hermanos Coronado Piñana, continúan con su actividad empresarial pese a la dramática situación en la que se encuentra la compañía que fundaron en 2005 gracias a las ayudas de los fondos mineros. Mientras se gestaba el concurso de acreedores de Venturo XXI, Manuel y José Antonio Coronado crearon, el 3 de diciembre de 2009, y con un capital social de 6.000 euros, la compañía Crecinter S. L., dedicada a «actividades relacionadas con la cartografía y topografía: prestación de servicios informáticos elaboración y distribución de programas cartográficos para catastro, GIS, (Sistema de información Geográfica)», el mismo sector al que se dedica Venturo XXI. Fuentes consultadas por este diario señalaban incluso que muy pocos días después de su creación, Crecinter S. L. había cerrado a su favor varias transacciones económicas con Venturo XXI.
Por otra parte, los trabajadores de Venturo XXI celebraron ayer una asamblea en la que concretaron las movilizaciones que van a llevar a cabo a lo largo de esta semana. Mañana miércoles, los 73 empleados se concentrarán a las ocho de la tarde ante el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Este acto contará, según apuntaron los miembros del comité de empresa, «con grupos musicales» con los que «queremos atraer a la gente, para que apoye nuestras reivindicaciones».
El jueves, a las cinco de la tarde, la plantilla se desplazará hasta la Junta General del Principado, donde se debatirá la proposición no de Ley que presentaron hace dos semanasa los tres grupos políticos, PSOE, PP e IU-BA, y que éstos se comprometieron a apoyar. En esta proposición los trabajadores exigen al Gobierno regional que encuentre unos inversores que inyecten capital a la compañía, asegurando así su superviencia y la continuidad de su actividad.
Los promotores de Venturo XXI, los hermanos Coronado Piñana, continúan con su actividad empresarial pese a la dramática situación en la que se encuentra la compañía que fundaron en 2005 gracias a las ayudas de los fondos mineros. Mientras se gestaba el concurso de acreedores de Venturo XXI, Manuel y José Antonio Coronado crearon, el 3 de diciembre de 2009, y con un capital social de 6.000 euros, la compañía Crecinter S. L., dedicada a «actividades relacionadas con la cartografía y topografía: prestación de servicios informáticos elaboración y distribución de programas cartográficos para catastro, GIS, (Sistema de información Geográfica)», el mismo sector al que se dedica Venturo XXI. Fuentes consultadas por este diario señalaban incluso que muy pocos días después de su creación, Crecinter S. L. había cerrado a su favor varias transacciones económicas con Venturo XXI.
Por otra parte, los trabajadores de Venturo XXI celebraron ayer una asamblea en la que concretaron las movilizaciones que van a llevar a cabo a lo largo de esta semana. Mañana miércoles, los 73 empleados se concentrarán a las ocho de la tarde ante el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Este acto contará, según apuntaron los miembros del comité de empresa, «con grupos musicales» con los que «queremos atraer a la gente, para que apoye nuestras reivindicaciones».
El jueves, a las cinco de la tarde, la plantilla se desplazará hasta la Junta General del Principado, donde se debatirá la proposición no de Ley que presentaron hace dos semanasa los tres grupos políticos, PSOE, PP e IU-BA, y que éstos se comprometieron a apoyar. En esta proposición los trabajadores exigen al Gobierno regional que encuentre unos inversores que inyecten capital a la compañía, asegurando así su superviencia y la continuidad de su actividad.
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