Venturo XXI se constituyó «sobredimensionada», lo que impidió desde el principio su rentabilidad
La cartográfica, con exceso de personal y material, necesitaba facturar 5 millones al año, pero en su mejor ejercicio ingresó 2,97 millones - La administración concursal afirma que la mala gestión, que no fue atajada por sus socios Principado y Hunosa, provocó la quiebra
Langreo, L. M. D.
La empresa Venturo XXI estuvo mal planificada desde su constitución a finales del año 2005. La compañía cartográfica creada por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado (51% del capital) con el apoyo de la Sociedad Regional de Promoción (SRP, 21% del capital), Sadim Inversiones (21%) y Sodeco (7%) estuvo «sobredimensionada» desde el principio, tanto en el plano «del capital humano» como en el de «los activos fijos» (maquinaria, equipos de trabajo). Esta situación ha disparado la deuda hasta los 5,1 millones de euros, según el informe preliminar del concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, y ha llevado al paro a 67 de sus 73 empleados.
Según el administrador concursal, «las causas económicas del estado en el que se encuentra la sociedad», que recibió 1,2 millones de euros de fondos mineros, ayudas para la remodelación de su sede y se benefició de cursos de formación del Principado, «son debidas a la ausencia de licitación y contratación que le permita mantener los márgenes previstos en sus presupuestos. Asimismo, podemos observar que la empresa tiene una sobredimensión importante, puesto que no es capaz de rentabilizar sus activos». De esta forma, según el informe del concurso de acreedores, la compañía, ligada al grupo extremeño RTK Topografía y a la empresa Huso 29 -que también atraviesa proceso concursal-, se constituyó «con unas inversiones, tanto en activos fijos, como en capital humano, muy optimistas, que requerían unos volúmenes de negocios que no se llegaron a alcanzar en sus años de actividad», pero que eran necesarias para captar el volumen de ayudas que recibió.
En este punto de la descripción de las causas del fracaso de la compañía, el documento recrimina a sus gestores -el consejo de administración, en el que estaban los dos empresarios, Víctor González Marroquín de la SRP y Manuel Fernández, de Sadim- por su «poco conservadora gestión de los recursos», que «agravó año a año la situación de insolvencia al ir incrementándose las pérdidas, sin reacción por parte de la concursada (Venturo XXI), que debiera haber adoptado medidas de contención de gastos». El presidente de Hunosa (propietaria de Sadim), Juan Ramón García Secades, llegó a comentar que en la puesta en marcha de la firma se había elegido mal a los socios, unos inversores que llegaron de la mano de González Marroquín cuando éste alcanzó la dirección del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). El documento refleja que la cartográfica padeció desde su inicio «una contratación insuficiente para equilibrar su cuenta de resultados», lo que «unido a la gran estructura de costes» provoca «pérdidas en cada ejercicio desde su nacimiento». Así, se establece que el nivel de contrataciones necesario para «soportar la estructuras de costes» debía ser de 5 millones de euros anuales, cuando en la realidad las cifras de negocio se movieron entre los 1,3 millones de 2006, los 2,97 de 2007 y los 2,44 de 2008, cantidades «claramente insuficientes y que ponen de manifiesto la sobredimensión de la empresa».
Para ir cubriendo estas deudas, la sociedad, con el beneplácito del consejo de administración, redujo en dos ocasiones el capital de la compañía, que pasó de los 2,5 millones a los 103.000 euros. Según la administración concursal, en el momento en el que se hizo cargo de la empresa, a finales de abril, «la sociedad sobrepasa los 70 empleados, muy por encima de sus necesidades de aquel momento, y muy inferiores a los más de 100 trabajadores que tuvo en algún momento».
En sus conclusiones, el informe establece además que las negociaciones sobre nuevos inversores «no consta que hayan fructificado», por lo que «la liquidación de la sociedad parece su fin más claro y cuyo retraso sólo iría en perjuicio de terceros».
La empresa Venturo XXI estuvo mal planificada desde su constitución a finales del año 2005. La compañía cartográfica creada por los empresarios extremeños Manuel y José Antonio Coronado (51% del capital) con el apoyo de la Sociedad Regional de Promoción (SRP, 21% del capital), Sadim Inversiones (21%) y Sodeco (7%) estuvo «sobredimensionada» desde el principio, tanto en el plano «del capital humano» como en el de «los activos fijos» (maquinaria, equipos de trabajo). Esta situación ha disparado la deuda hasta los 5,1 millones de euros, según el informe preliminar del concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa, y ha llevado al paro a 67 de sus 73 empleados.
Según el administrador concursal, «las causas económicas del estado en el que se encuentra la sociedad», que recibió 1,2 millones de euros de fondos mineros, ayudas para la remodelación de su sede y se benefició de cursos de formación del Principado, «son debidas a la ausencia de licitación y contratación que le permita mantener los márgenes previstos en sus presupuestos. Asimismo, podemos observar que la empresa tiene una sobredimensión importante, puesto que no es capaz de rentabilizar sus activos». De esta forma, según el informe del concurso de acreedores, la compañía, ligada al grupo extremeño RTK Topografía y a la empresa Huso 29 -que también atraviesa proceso concursal-, se constituyó «con unas inversiones, tanto en activos fijos, como en capital humano, muy optimistas, que requerían unos volúmenes de negocios que no se llegaron a alcanzar en sus años de actividad», pero que eran necesarias para captar el volumen de ayudas que recibió.
En este punto de la descripción de las causas del fracaso de la compañía, el documento recrimina a sus gestores -el consejo de administración, en el que estaban los dos empresarios, Víctor González Marroquín de la SRP y Manuel Fernández, de Sadim- por su «poco conservadora gestión de los recursos», que «agravó año a año la situación de insolvencia al ir incrementándose las pérdidas, sin reacción por parte de la concursada (Venturo XXI), que debiera haber adoptado medidas de contención de gastos». El presidente de Hunosa (propietaria de Sadim), Juan Ramón García Secades, llegó a comentar que en la puesta en marcha de la firma se había elegido mal a los socios, unos inversores que llegaron de la mano de González Marroquín cuando éste alcanzó la dirección del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). El documento refleja que la cartográfica padeció desde su inicio «una contratación insuficiente para equilibrar su cuenta de resultados», lo que «unido a la gran estructura de costes» provoca «pérdidas en cada ejercicio desde su nacimiento». Así, se establece que el nivel de contrataciones necesario para «soportar la estructuras de costes» debía ser de 5 millones de euros anuales, cuando en la realidad las cifras de negocio se movieron entre los 1,3 millones de 2006, los 2,97 de 2007 y los 2,44 de 2008, cantidades «claramente insuficientes y que ponen de manifiesto la sobredimensión de la empresa».
Para ir cubriendo estas deudas, la sociedad, con el beneplácito del consejo de administración, redujo en dos ocasiones el capital de la compañía, que pasó de los 2,5 millones a los 103.000 euros. Según la administración concursal, en el momento en el que se hizo cargo de la empresa, a finales de abril, «la sociedad sobrepasa los 70 empleados, muy por encima de sus necesidades de aquel momento, y muy inferiores a los más de 100 trabajadores que tuvo en algún momento».
En sus conclusiones, el informe establece además que las negociaciones sobre nuevos inversores «no consta que hayan fructificado», por lo que «la liquidación de la sociedad parece su fin más claro y cuyo retraso sólo iría en perjuicio de terceros».
La venta de la sede sólo podrá cubrir deudas por 216.000 euros
El inmueble en el que se ubica Venturo XXI, vendido a la cartográfica por Hunosa, tiene cuatro créditos hipotecarios
Langreo, L. M. D.
Uno de los aspectos más polémicos de la historia de la compañía Venturo XXI fue la adquisición de su sede. El edificio, de 3.017 metros cuadrados divididos en tres plantas, se compró por 360.000 euros más IVA en 2008, haciendo efectiva una cláusula de adquisición firmada por Venturo XXI con Hunosa al inicio de su andadura en 2005. El inmueble fue tasado ese mismo año, meses antes de la compra, en 3.511.152 euros. Sin embargo, tal y como se establece en el informe preliminar del concurso de acreedores, en caso de venta sólo podría cubrir deudas por valor de 216.050 euros, a causa de las distintas cargas hipotecarias que pesan sobre él. La mayor parte del dinero, en caso de ser vendido en 1,5 millones, iría a parar directamente a los bancos acreedores.
El documento explica que el edificio sede de Venturo XXI ha vuelto a ser tasado durante la elaboración del informe previo del concurso de acreedores por la misma compañía, y que en este caso se determinó un valor de 1.581.689 euros, 2 millones menos de los tasados hace dos años. La edificación tiene varias cargas: una hipoteca a favor del Banco Popular, firmada el 1 de julio de 2008, por valor de 600.000 euros; una hipoteca en la misma entidad, «para responder del saldo a su cierre de cuenta» de hasta un máximo de 660.000 euros; una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para responder de 152.607 euros y una tercera hipoteca en el Banco Popular, para responder de hasta un máximo de 130.000 euros. A causa de todos estos créditos, la propiedad, tasada en casi 1,6 millones, tiene un valor neto contable de sólo 216.050 euros.
En el informe también se valoran el resto de propiedades de la cartográfica. Los terrenos circundantes a la sede tiene un valor neto contable de 218.240 euros; el mobiliario, de 162.420 euros; los equipos para procesos de información, 354.631 euros y las existencias (trabajos ejecutados o en ejecución no facturados) de 406.342 euros.
El edificio de Venturo XXI era propiedad de Hunosa. El Ayuntamiento de San Martín había solicitado 1,8 millones de euros para arreglarlo y adecuarlo a las exigencias de la cartográfica, pero la lentitud de estos trámites hizo que fuera la empresa minera la que ejecutase por su cuenta las obras. En julio de 2006, Venturo XXI inauguraba sus instalaciones en el valle de La Güeria Carrocera. La empresa ejecutó la opción de compra que tenía por el inmueble (360.000 euros más IVA), una cantidad muy inferior a lo que se invirtió en arreglarlo y en lo que estaba tasado por aquel entonces (3,5 millones).
Uno de los aspectos más polémicos de la historia de la compañía Venturo XXI fue la adquisición de su sede. El edificio, de 3.017 metros cuadrados divididos en tres plantas, se compró por 360.000 euros más IVA en 2008, haciendo efectiva una cláusula de adquisición firmada por Venturo XXI con Hunosa al inicio de su andadura en 2005. El inmueble fue tasado ese mismo año, meses antes de la compra, en 3.511.152 euros. Sin embargo, tal y como se establece en el informe preliminar del concurso de acreedores, en caso de venta sólo podría cubrir deudas por valor de 216.050 euros, a causa de las distintas cargas hipotecarias que pesan sobre él. La mayor parte del dinero, en caso de ser vendido en 1,5 millones, iría a parar directamente a los bancos acreedores.
El documento explica que el edificio sede de Venturo XXI ha vuelto a ser tasado durante la elaboración del informe previo del concurso de acreedores por la misma compañía, y que en este caso se determinó un valor de 1.581.689 euros, 2 millones menos de los tasados hace dos años. La edificación tiene varias cargas: una hipoteca a favor del Banco Popular, firmada el 1 de julio de 2008, por valor de 600.000 euros; una hipoteca en la misma entidad, «para responder del saldo a su cierre de cuenta» de hasta un máximo de 660.000 euros; una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para responder de 152.607 euros y una tercera hipoteca en el Banco Popular, para responder de hasta un máximo de 130.000 euros. A causa de todos estos créditos, la propiedad, tasada en casi 1,6 millones, tiene un valor neto contable de sólo 216.050 euros.
En el informe también se valoran el resto de propiedades de la cartográfica. Los terrenos circundantes a la sede tiene un valor neto contable de 218.240 euros; el mobiliario, de 162.420 euros; los equipos para procesos de información, 354.631 euros y las existencias (trabajos ejecutados o en ejecución no facturados) de 406.342 euros.
El edificio de Venturo XXI era propiedad de Hunosa. El Ayuntamiento de San Martín había solicitado 1,8 millones de euros para arreglarlo y adecuarlo a las exigencias de la cartográfica, pero la lentitud de estos trámites hizo que fuera la empresa minera la que ejecutase por su cuenta las obras. En julio de 2006, Venturo XXI inauguraba sus instalaciones en el valle de La Güeria Carrocera. La empresa ejecutó la opción de compra que tenía por el inmueble (360.000 euros más IVA), una cantidad muy inferior a lo que se invirtió en arreglarlo y en lo que estaba tasado por aquel entonces (3,5 millones).
Los acreedores denuncian que las facturas de las licencias «están infladas»
Venturo pagó 680.000 euros en permisos de cartografía, «una cantidad excesiva»
Langreo, L. M. D.
Uno de los factores que, según el informe concursal, llevaron a Venturo XXI a no ser rentable fue la «sobredimensión» de sus recursos materiales, la excesiva inversión realizada en distintos tipos de equipos que no se rentabilizaban de forma suficiente. Según explicaron acreedores de la compañía, las facturas de compra de algunos de estos equipos «están claramente infladas».
Desde la empresa Azimut S.A., una de las compañías más perjudicadas por la insolvencia de Venturo XXI, se explicó que «el coste de las licencias de cartografía (que deben pagar este tipo de firmas para poder entrar en funcionamiento) «son claramente excesivas». El documento establece que Venturo XXI pagó en este concepto 680.000 euros, una cantidad que según los responsables de Azimut S.A, «está claramente hinchada, es excesiva». Otros equipos, además, se adquirieron directamente a otra empresa propiedad de los promotores de la cartográfica, los empresarios Manuel y José Antonio Coronado. Así, Venturo XXI compró a Aticsa (que también está en proceso de liquidación) software y equipos por valor de al menos 110.800 euros.
Esta misma compañía, Azimut S.A., ha presentado una reclamación judicial en la que exigía la devolución de 172.549 euros que le adeuda Venturo XXI. Este proceso está en suspenso a la espera de que el Juzgado determine su posible competencia, dada la situación de concurso de acreedores en el que se encuentra la compañía. Estos acreedores están dispuestos incluso a denunciar a los miembros del consejo de administración.
Uno de los factores que, según el informe concursal, llevaron a Venturo XXI a no ser rentable fue la «sobredimensión» de sus recursos materiales, la excesiva inversión realizada en distintos tipos de equipos que no se rentabilizaban de forma suficiente. Según explicaron acreedores de la compañía, las facturas de compra de algunos de estos equipos «están claramente infladas».
Desde la empresa Azimut S.A., una de las compañías más perjudicadas por la insolvencia de Venturo XXI, se explicó que «el coste de las licencias de cartografía (que deben pagar este tipo de firmas para poder entrar en funcionamiento) «son claramente excesivas». El documento establece que Venturo XXI pagó en este concepto 680.000 euros, una cantidad que según los responsables de Azimut S.A, «está claramente hinchada, es excesiva». Otros equipos, además, se adquirieron directamente a otra empresa propiedad de los promotores de la cartográfica, los empresarios Manuel y José Antonio Coronado. Así, Venturo XXI compró a Aticsa (que también está en proceso de liquidación) software y equipos por valor de al menos 110.800 euros.
Esta misma compañía, Azimut S.A., ha presentado una reclamación judicial en la que exigía la devolución de 172.549 euros que le adeuda Venturo XXI. Este proceso está en suspenso a la espera de que el Juzgado determine su posible competencia, dada la situación de concurso de acreedores en el que se encuentra la compañía. Estos acreedores están dispuestos incluso a denunciar a los miembros del consejo de administración.
http://www.lne.es/nalon/2010/07/07/acreedores-denuncian-facturas-licencias-infladas/939346.html
Laminados de Aller vive una tensa jornada de paro, con un trabajador herido en un atropello
Un representante de CC OO denuncia a una compañera, familiar de un directivo, por golpearlo con su vehículo
Varios trabajadores, ayer, en los accesos a la planta de Laminados de Aller. camporro
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Villanueva (Aller), C. M. B.
Los trabajadores de Laminados de Aller han secundado, al segundo intento tras la tentativa fallida de la semana pasada, la huelga convocada por CC OO. El paro contó ayer con el apoyo de la mayoría de los trabajadores de la planta, ubicada en el polígono de Marianes, y se mantuvo durante toda la jornada. El SOMA-FIA-UGT, sindicato que aglutina toda la representación del comité de empresa, evitó pronunciarse sobre la protesta y sigue sin sumarse a ella.
La huelga tiene como objetivo la readmisión de cuatro trabajadores de la empresa, además de denunciar «irregularidades» dentro de la factoría. Ayer se vivió un momento de gran tensión, cuando una de las operarias de la fábrica, familiar de un directivo, golpeó con su coche a un representante de CC OO que se encontraba en la entrada de la factoría. El afectado, Miguel Jesús Pardo, fue trasladado al ambulatorio de Moreda, donde se le remitió al Hospital de Mieres para hacerle una radiografía. Posteriormente, presentó una denuncia ante la Guardia Civil. CC OO, no obstante, no quiso ayer «desproporcionar» el alcance del incidente. En todo momento, la protesta estuvo vigilada por tres patrullas del instituto armado, que apaciguaron los ánimos de los trabajadores. Los únicos que cumplieron con la jornada laboral fueron los encargados de administración y la dirección de Laminados de Aller. El paro fue secundado por el 90 por ciento de la plantilla, según apuntó CC OO.
Los trabajadores de Laminados de Aller han secundado, al segundo intento tras la tentativa fallida de la semana pasada, la huelga convocada por CC OO. El paro contó ayer con el apoyo de la mayoría de los trabajadores de la planta, ubicada en el polígono de Marianes, y se mantuvo durante toda la jornada. El SOMA-FIA-UGT, sindicato que aglutina toda la representación del comité de empresa, evitó pronunciarse sobre la protesta y sigue sin sumarse a ella.
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