IU-BA de San Martín exige a Industria que intervenga para salvar Alas Aluminium
07:26
El Entrego, M. Á. G.
El grupo municipal de IU-BA en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que exige la participación activa de las administraciones públicas para salvar la actividad en Alas Aluminium, amenazada de un severo ajuste de empleo. A juicio de la coalición de izquierdas, los organismos públicos y el propio Ayuntamiento «no pueden permanecer ajenos al progresivo desmantelamiento de un proyecto empresarial presentado en su día como insignia alternativa de la reconversión minera en las Cuencas».
Por todo ello, el escrito reclama «iniciar las gestiones y contactos necesarios ante la Consejería de Industria del Principado y ante el Ministerio de Industria para solicitar una decidida intervención al objeto de tratar de garantizar la continuidad de la empresa Alas Aluminium sobre un plan de viabilidad, con medidas alternativas al simple despido y destrucción de empleo». En la misma línea, la moción plantea «solicitar desde el Ayuntamiento la reformulación de los procedimientos de control y seguimiento de las empresas beneficiarias de fondos públicos».
Para IU, casos como el de Alas «no pueden contemplarse pasivamente, sin tratar de intervenir para asegurar su continuidad».
http://www.lne.es/nalon/2011/01/24/iu-ba-san-martin-exige-industria-intervenga-salvar-alas-aluminium/1023886.html
Patronal y sindicatos exigen a Industria que aplique ya las ayudas al carbón nacional
El Ministerio acoge hoy una trascendental reunión de la comisión del Plan de la Minería bajo la amenaza de la vuelta a las protestas si no hay acuerdos
12:19
La asamblea de trabajadores subcontratados de Hunosa celebrada en Mieres. NOTICIAS RELACIONADASMADRID, MODEM PRESS La minería tiene hoy en Madrid un cita trascendente. Trascurridos ocho tensos meses desde el último encuentro, los rectores energéticos del Ministerio de Industria se sentarán con empresarios y sindicatos del sector minero, en una esperada reunión la comisión de seguimiento del Plan 2006-2012. El encuentro se vislumbra crucial, con el objetivo de tratar de encauzar la situación de la industria del carbón, que atraviesa los momentos más complicados de su historia, después de que las empresas privadas lleven ya casi dos años sin que las eléctricas les compren el mineral que extraen y once meses sin ingresar ni un solo euro, desde que Hunosa, por orden del Ministerio de Economía, les dejara de comprar mineral. Hoy se espera de Industria el desbloqueo del real decreto que prima la producción eléctrica con mineral nacional.
Esta situación ha situado a las compañías en una situación de quiebra técnica, en la que acumulan deudas millonarias con proveedores, entidades bancarias, Hacienda y la Seguridad Social, lo que les ha llevado, en algunos casos, a despedir a trabajadores y a presentar expedientes de regulación de empleo que afectan ya al 60% de los trabajadores del sector, más de 5.000 de los 8.000 mineros españoles. Esta crisis ha propiciado que la actividad minera en Castilla y León sea ya totalmente inexistente o que, en Asturias, sólo se mantengan activas la empresa pública Hunosa y la privada Carbonar. En los pozos del suroccidente de la región, los cerca de 1.500 trabajadores engrosan, en estos momentos, las abultadas cifras del paro.
Ante este sombrío panorama, FIA-UGT, la Federación de Industria de Comisiones Obreras y la patronal Carbunión han intensificado, en los últimos días, sus críticas al Gobierno, y más en concreto al Ministerio de Industria, por su «incapacidad» y falta de voluntad política para aplicar el real decreto de restricciones por garantía de suministro. Esto es, el mecanismo que garantizará, si algún día entra en vigor, el consumo de las 8,5 millones de toneladas de carbón que se producen anualmente en España, al primar a las eléctricas por su consumo y dar preferencia de entrada en la red a la electricidad generada a partir de la hulla y la antracita autóctonas.
Sindicatos y empresarios exigirán a Industria que ponga en marcha de manera inmediata el real decreto sin esperar a la sentencia que, quizás esta misma semana, dicte el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, en la que podría levantar la paralización de la norma que dictó el pasado mes de noviembre, tras los recursos de Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la Xunta de Galicia. Y es que las organizaciones sociales consideran que, una vez que el real decreto cuenta con el aval del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el Gobierno -que repite constantemente que es el gabinete que más ha hecho jamás por el carbón español-, «no tiene ya ninguna excusa» para ponerlo en funcionamiento.
Empresarios y sindicatos han dejado bien claro que cualquier posibilidad de acuerdo en la reunión de hoy pasa, en primer lugar y como condición indispensable, por la aprobación de las ayudas. Si no es así, los sindicatos, al menos CC OO, ya ha dejado claro que volverá a la «lucha» y a convocar movilizaciones como sucedió el pasado mes de septiembre. Los sindicatos, además, exigirán a las empresas que los ERE sean retirados y los trabajadores vuelvan al tajo. Desde la patronal se pedirá al ejecutivo que arbitre algún tipo de medida urgente para insuflar liquidez (toda vez que el prometido adelanto de ayudas no será efectivo hasta dentro de un mes) para que éstas no vayan sin remisión a la quiebra hasta que no comiencen a ingresar dinero por la venta de carbón. Los ingresos no llegarán, por muy pronto que entre en vigor el real decreto, hasta bien entrado el mes de marzo.
Lo cierto es que la tramitación de este real decreto se está convirtiendo en la más lenta y complicada de la democracia. Ya han pasado quince meses desde que los mismos actores que se verán las caras hoy acordaron el documento en octubre del 2009. Esperaron el dictamen de la Comisión Europea, que llegó el 30 de septiembre de 2010, y luego por los recursos ante los tribunales de las tres principales eléctricas y el Gobierno del PP de Galicia. Industria, acusada además de no saber imponerse a las eléctricas, ha sido incapaz de que el real decreto pase del papel a la realidad.
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IU-BA de San Martín exige a Industria que intervenga para salvar Alas Aluminium
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El Entrego, M. Á. G.
El grupo municipal de IU-BA en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que exige la participación activa de las administraciones públicas para salvar la actividad en Alas Aluminium, amenazada de un severo ajuste de empleo. A juicio de la coalición de izquierdas, los organismos públicos y el propio Ayuntamiento «no pueden permanecer ajenos al progresivo desmantelamiento de un proyecto empresarial presentado en su día como insignia alternativa de la reconversión minera en las Cuencas».
Por todo ello, el escrito reclama «iniciar las gestiones y contactos necesarios ante la Consejería de Industria del Principado y ante el Ministerio de Industria para solicitar una decidida intervención al objeto de tratar de garantizar la continuidad de la empresa Alas Aluminium sobre un plan de viabilidad, con medidas alternativas al simple despido y destrucción de empleo». En la misma línea, la moción plantea «solicitar desde el Ayuntamiento la reformulación de los procedimientos de control y seguimiento de las empresas beneficiarias de fondos públicos».
Para IU, casos como el de Alas «no pueden contemplarse pasivamente, sin tratar de intervenir para asegurar su continuidad».
El grupo municipal de IU-BA en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno en la que exige la participación activa de las administraciones públicas para salvar la actividad en Alas Aluminium, amenazada de un severo ajuste de empleo. A juicio de la coalición de izquierdas, los organismos públicos y el propio Ayuntamiento «no pueden permanecer ajenos al progresivo desmantelamiento de un proyecto empresarial presentado en su día como insignia alternativa de la reconversión minera en las Cuencas».
Por todo ello, el escrito reclama «iniciar las gestiones y contactos necesarios ante la Consejería de Industria del Principado y ante el Ministerio de Industria para solicitar una decidida intervención al objeto de tratar de garantizar la continuidad de la empresa Alas Aluminium sobre un plan de viabilidad, con medidas alternativas al simple despido y destrucción de empleo». En la misma línea, la moción plantea «solicitar desde el Ayuntamiento la reformulación de los procedimientos de control y seguimiento de las empresas beneficiarias de fondos públicos».
Para IU, casos como el de Alas «no pueden contemplarse pasivamente, sin tratar de intervenir para asegurar su continuidad».
http://www.lne.es/nalon/2011/01/24/iu-ba-san-martin-exige-industria-intervenga-salvar-alas-aluminium/1023886.html
Patronal y sindicatos exigen a Industria que aplique ya las ayudas al carbón nacional
El Ministerio acoge hoy una trascendental reunión de la comisión del Plan de la Minería bajo la amenaza de la vuelta a las protestas si no hay acuerdos
| 12:19 |
La asamblea de trabajadores subcontratados de Hunosa celebrada en Mieres.
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MADRID, MODEM PRESS La minería tiene hoy en Madrid un cita trascendente. Trascurridos ocho tensos meses desde el último encuentro, los rectores energéticos del Ministerio de Industria se sentarán con empresarios y sindicatos del sector minero, en una esperada reunión la comisión de seguimiento del Plan 2006-2012. El encuentro se vislumbra crucial, con el objetivo de tratar de encauzar la situación de la industria del carbón, que atraviesa los momentos más complicados de su historia, después de que las empresas privadas lleven ya casi dos años sin que las eléctricas les compren el mineral que extraen y once meses sin ingresar ni un solo euro, desde que Hunosa, por orden del Ministerio de Economía, les dejara de comprar mineral. Hoy se espera de Industria el desbloqueo del real decreto que prima la producción eléctrica con mineral nacional.
Esta situación ha situado a las compañías en una situación de quiebra técnica, en la que acumulan deudas millonarias con proveedores, entidades bancarias, Hacienda y la Seguridad Social, lo que les ha llevado, en algunos casos, a despedir a trabajadores y a presentar expedientes de regulación de empleo que afectan ya al 60% de los trabajadores del sector, más de 5.000 de los 8.000 mineros españoles. Esta crisis ha propiciado que la actividad minera en Castilla y León sea ya totalmente inexistente o que, en Asturias, sólo se mantengan activas la empresa pública Hunosa y la privada Carbonar. En los pozos del suroccidente de la región, los cerca de 1.500 trabajadores engrosan, en estos momentos, las abultadas cifras del paro.
Ante este sombrío panorama, FIA-UGT, la Federación de Industria de Comisiones Obreras y la patronal Carbunión han intensificado, en los últimos días, sus críticas al Gobierno, y más en concreto al Ministerio de Industria, por su «incapacidad» y falta de voluntad política para aplicar el real decreto de restricciones por garantía de suministro. Esto es, el mecanismo que garantizará, si algún día entra en vigor, el consumo de las 8,5 millones de toneladas de carbón que se producen anualmente en España, al primar a las eléctricas por su consumo y dar preferencia de entrada en la red a la electricidad generada a partir de la hulla y la antracita autóctonas.
Sindicatos y empresarios exigirán a Industria que ponga en marcha de manera inmediata el real decreto sin esperar a la sentencia que, quizás esta misma semana, dicte el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, en la que podría levantar la paralización de la norma que dictó el pasado mes de noviembre, tras los recursos de Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la Xunta de Galicia. Y es que las organizaciones sociales consideran que, una vez que el real decreto cuenta con el aval del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el Gobierno -que repite constantemente que es el gabinete que más ha hecho jamás por el carbón español-, «no tiene ya ninguna excusa» para ponerlo en funcionamiento.
Empresarios y sindicatos han dejado bien claro que cualquier posibilidad de acuerdo en la reunión de hoy pasa, en primer lugar y como condición indispensable, por la aprobación de las ayudas. Si no es así, los sindicatos, al menos CC OO, ya ha dejado claro que volverá a la «lucha» y a convocar movilizaciones como sucedió el pasado mes de septiembre. Los sindicatos, además, exigirán a las empresas que los ERE sean retirados y los trabajadores vuelvan al tajo. Desde la patronal se pedirá al ejecutivo que arbitre algún tipo de medida urgente para insuflar liquidez (toda vez que el prometido adelanto de ayudas no será efectivo hasta dentro de un mes) para que éstas no vayan sin remisión a la quiebra hasta que no comiencen a ingresar dinero por la venta de carbón. Los ingresos no llegarán, por muy pronto que entre en vigor el real decreto, hasta bien entrado el mes de marzo.
Lo cierto es que la tramitación de este real decreto se está convirtiendo en la más lenta y complicada de la democracia. Ya han pasado quince meses desde que los mismos actores que se verán las caras hoy acordaron el documento en octubre del 2009. Esperaron el dictamen de la Comisión Europea, que llegó el 30 de septiembre de 2010, y luego por los recursos ante los tribunales de las tres principales eléctricas y el Gobierno del PP de Galicia. Industria, acusada además de no saber imponerse a las eléctricas, ha sido incapaz de que el real decreto pase del papel a la realidad.
Esta situación ha situado a las compañías en una situación de quiebra técnica, en la que acumulan deudas millonarias con proveedores, entidades bancarias, Hacienda y la Seguridad Social, lo que les ha llevado, en algunos casos, a despedir a trabajadores y a presentar expedientes de regulación de empleo que afectan ya al 60% de los trabajadores del sector, más de 5.000 de los 8.000 mineros españoles. Esta crisis ha propiciado que la actividad minera en Castilla y León sea ya totalmente inexistente o que, en Asturias, sólo se mantengan activas la empresa pública Hunosa y la privada Carbonar. En los pozos del suroccidente de la región, los cerca de 1.500 trabajadores engrosan, en estos momentos, las abultadas cifras del paro.
Ante este sombrío panorama, FIA-UGT, la Federación de Industria de Comisiones Obreras y la patronal Carbunión han intensificado, en los últimos días, sus críticas al Gobierno, y más en concreto al Ministerio de Industria, por su «incapacidad» y falta de voluntad política para aplicar el real decreto de restricciones por garantía de suministro. Esto es, el mecanismo que garantizará, si algún día entra en vigor, el consumo de las 8,5 millones de toneladas de carbón que se producen anualmente en España, al primar a las eléctricas por su consumo y dar preferencia de entrada en la red a la electricidad generada a partir de la hulla y la antracita autóctonas.
Sindicatos y empresarios exigirán a Industria que ponga en marcha de manera inmediata el real decreto sin esperar a la sentencia que, quizás esta misma semana, dicte el Tribunal de la Unión Europea de Luxemburgo, en la que podría levantar la paralización de la norma que dictó el pasado mes de noviembre, tras los recursos de Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y la Xunta de Galicia. Y es que las organizaciones sociales consideran que, una vez que el real decreto cuenta con el aval del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el Gobierno -que repite constantemente que es el gabinete que más ha hecho jamás por el carbón español-, «no tiene ya ninguna excusa» para ponerlo en funcionamiento.
Empresarios y sindicatos han dejado bien claro que cualquier posibilidad de acuerdo en la reunión de hoy pasa, en primer lugar y como condición indispensable, por la aprobación de las ayudas. Si no es así, los sindicatos, al menos CC OO, ya ha dejado claro que volverá a la «lucha» y a convocar movilizaciones como sucedió el pasado mes de septiembre. Los sindicatos, además, exigirán a las empresas que los ERE sean retirados y los trabajadores vuelvan al tajo. Desde la patronal se pedirá al ejecutivo que arbitre algún tipo de medida urgente para insuflar liquidez (toda vez que el prometido adelanto de ayudas no será efectivo hasta dentro de un mes) para que éstas no vayan sin remisión a la quiebra hasta que no comiencen a ingresar dinero por la venta de carbón. Los ingresos no llegarán, por muy pronto que entre en vigor el real decreto, hasta bien entrado el mes de marzo.
Lo cierto es que la tramitación de este real decreto se está convirtiendo en la más lenta y complicada de la democracia. Ya han pasado quince meses desde que los mismos actores que se verán las caras hoy acordaron el documento en octubre del 2009. Esperaron el dictamen de la Comisión Europea, que llegó el 30 de septiembre de 2010, y luego por los recursos ante los tribunales de las tres principales eléctricas y el Gobierno del PP de Galicia. Industria, acusada además de no saber imponerse a las eléctricas, ha sido incapaz de que el real decreto pase del papel a la realidad.
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